sábado, 25 de febrero de 2012

EMPRESAS Y ESTADO RESPONSABLES DE UN NUEVO CROMAÑON EMPRESAS Y ESTADO RESPONSABLES DE UN NUEVO CROMAÑON Empresas y estado responsables de un nuevo cromañon


EMPRESAS Y ESTADO RESPONSABLES DE UN NUEVO CROMAÑON

Una vez más se expresa en nuestro país, de la forma más brutal y terrible, la connivencia entre los empresarios, con su lógica de obtener ganancias a cualquier costo, y el  Estado que garantiza estas condiciones aún cuando eso signifique una masacre.
50 trabajadores y trabajadoras no murieron por accidente. Más de 600 no están heridos porque fueron imprudentes, como desliza descaradamente el Ministro de Transporte Juan Pablo Schiavi.  Esta masacre es resultado de una lógica de acumulación de cuantiosas ganancias de TBA, una empresa que no ha realizado ninguna de las tareas de mantenimiento requeridas para garantizar condiciones dignas y seguras de transporte para los usuarios. Pero también es resultado de la absoluta complicidad del Estado Nacional que, a pesar de las permanentes denuncias e informes realizados por los trabajadores del ferrocarril, sigue otorgando subsidios millonarios a quienes lejos de invertir generan el vaciamiento del sistema de transporte público. A esto se suma además, que la CNRT no realiza ninguno de los controles que corresponderían, sin importar el terrible costo que esto tenga en vidas humanas.
Pero como si no fuera suficiente con el dolor de las familias de las víctimas, de los trabajadores del ferrocarril y de todo el pueblo, frente a la furia e indignación popular que descarga su bronca contra la empresa, el Estado responde con represión. Una vez más vemos cómo para cuidar los bienes y las ganancias de los empresarios, en este caso TBA, el Estado descarga gases y palos para el pueblo.

Expresamos nuestra más profunda solidaridad con las familias de las víctimas y con los trabajadores que día a día deben viajar en condiciones inhumanas.
Como pueblo debemos exigir medidas concretas contra los responsables civiles de esta masacre, tanto de la empresa TBA como del gobierno nacional representado en la persona de Juan Pablo Schiavi, Secretario de Transporte, que no sólo pretende deslindar su responsabilidad directa sino que busca inculpar a los trabajadores del ferrocarril, lavando una vez más la cara de los empresarios.
Nos sumamos al pedido de los trabajadores: cese de la concesión de ferrocarril a TBA y su estatización bajo control obrero.

miércoles, 15 de febrero de 2012

Cuando afinan la sintonía, afilan sus bastones



Cuando afinan la sintonía, afilan sus bastones
NO A LA REPRESIÓN Y JUDICIALIZACIÓN DE LAS LUCHAS SOCIALES Y POPULARES;
EXIJAMOS LA DEROGACIÓN DE LA LEY ANTITERRORISTA.


Antecedentes
En el año 2007 el Congreso Nacional sancionó la ley 26.268 que incorporó al Código Penal los artículos 213 ter y 213 quater, que tipificaban como delito la “asociación ilícita terrorista” y el “financiamiento del terrorismo”. Ya en esa oportunidad se trataba de una ley con poca precisión y definición específica, que dejaba un camino sin obstáculos a la libre interpretación de los jueces y al establecimiento de penas que podrían ir desde los 5 a los 20 años de prisión. Esta ley, vigente en la actualidad, faculta a los gobiernos de turno para detener y acusar de “terrorista” a cualquiera, sin que sea requisito que se comentan actos que tengan como objetivo provocar la muerte o lesiones graves a un grupo indeterminado de civiles que no intervengan activamente en un conflicto armado (lo que en algún momento ha sido al menos un eje para la definición de actos terroristas). A partir de la vigencia de esta ley, cualquier organización social, política, estudiantil, sindical, etc. que simplemente intente reclamar ante el Estado o algún organismo internacional puede ser acusada de terrorista y ser sancionada con penas altísimas.


¿Qué incorpora la nueva legislación?
El nuevo proyecto de ley aprobado finalmente por el Congreso de la Nación en diciembre del 2011, denominado “Sobre prevención, investigación y sanción de actividades delictivas con finalidad terrorista” modificó el código penal[i] estableciendo una legislación que, bajo el manto de la pretendida lucha "antiterrorista", tiene mayores alcances que la sancionada en el 2007, y fundamentalmente, convierte directamente en un crimen pasible de sanción penal cualquier tipo de protesta social, facilitando al poder judicial la aplicación de penas durísimas a cualquier organización o individuo que cuestione determinadas medidas del gobierno o se oponga a las políticas estatales, de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales. En la nueva legislación se califica como “terrorista” cualquier “delito” que tenga “la finalidad de generar terror en la población”, duplicando los mínimos y los máximos de las escalas penales y no sólo será aplicable a las acciones de grupos organizados, sino también a acciones individuales o colectivas de personas que no sean el fruto de una organización (por ejemplo: vecinos que cortan una calle en reclamo por falta de luz o una inundación, los jubilados que exigen aumentos, los estudiantes que reclaman una mejor educación). Además de convertir en un criminal a cualquier ciudadano que protesta y exige sus derechos, la ley agrega que cualquier tipo de colaboración económica con cualquier organización o persona que haya cometido “delitos terroristas” dentro o fuera del país, será penado bajo la figura de “financiación terrorista”. Algunos ejemplos de ello pueden ser la realización del fondo de huelga a los trabajadores de Kraft o la Caravana solidaria que se realizó en apoyo a los docentes de ADOSAC, o algo tan simple como donar 5 pesos a Greenpeace, organización que exige el fin de la megaminería. De hecho, esta ley ya se está aplicando a los vecinos que en Catamarca y La Rioja son perseguidos y detenidos por defender su derecho a un medio ambiente sano, derecho establecido no sólo de nuestra Constitución Nacional sino en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Si bien frente a los reclamos de varios organismos de DDHH y de personalidades de la cultura y la educación, se ha hecho un agregado en el proyecto de ley que aclara que estas medidas no se aplicarán sobre la protesta social en los casos en los que se “esté haciendo ejercicio de un derecho legítimo”, dicha especificación continúa siendo ambigua ya que deja a libre interpretación de los jueces de turno qué protestas se exceptuarán. Es decir, los mismos jueces que, entre otros hechos escandalosos, amparan a los grandes criminales que hacen millones con la trata de mujeres y absuelven a los policías que asesinan jóvenes con el "gatillo fácil", mientras encarcelan a los pobres y mantienen procesados a miles de luchadores sociales, serán quienes decidan qué derechos vamos a poder defender legítimamente y cuáles no.

 ¿Una ley al servicio de quién?
Al igual que la Doctrina de Seguridad Nacional que, elaborada por los Estados Unidos en la década de 1960, fue usada por las dictaduras latinoamericanas para luchar contra "el enemgio interno", considerando terrorista a cualquiera que discrepara con los valores "occidentales y cristianos" de la dictadura de Onganía por ejemplo; esta ley fue promovida por el Departamento de Estado norteamericano a través del GAFI (Grupo de Acción Financiera). Ante las protestas sociales que crecen a nivel mundial de la mano de la crisis económica, y que tienen como epicentro a la propia Europa y EEUU, el gendarme mundial busca garantizar su hegemonía política, económica y militar y promueve un "orden" que permita recuperar las ganancias empresarias. ¿Qué orden se busca garantizar en nuestro país? ¿Qué expresiones habría de "terrorismo"? Esta reforma penal que legitima la criminalización de la protesta no constituye un hecho aislado. En los últimos ocho años la criminalización de la protesta ha aumentado exponencialmente. La cantidad de compañeros y compañeras asesinados durante jornadas de protesta entre 2003 y 2011 no queda muy atrás de la ocurrida en los gobiernos de Menem y de Duhalde. Actualmente hay más de 5.000 causas judiciales en Argentina contra luchadores populares, cuyo delito ha sido reclamar condiciones dignas de trabajo, vivienda, salud, educación, un medio ambiente sano... Todos derechos fundamentales de los seres humanos. Además, en los últimos años, a las fuerzas armadas del estado se han sumado distintos grupos parapoliciales o patotas que ejercen la represión directa allí donde el pueblo reclama y se organiza para luchar: Mariano Ferreyra, los trabajadores de Kraft, la comunidad Qom en Formosa, los vecinos del Indoamericano, los docentes de ADOSAC, las familias pobres de Jujuy que fueron baleadas por tomar tierras, los jóvenes de Lugano que son golpeados por la Gendarmería que dice garantizar la "seguridad", los pueblos de Catamarca y Tucumán que luchan contra la megaminerías, son solo algunos ejemplos de cómo el pueblo trabajador es atacado por un sistema político y judicial que garantiza los privilegios de unos pocos frente a las necesidades de la mayoría. En síntesis, esta nueva ley, cuyo objetivo es paralizar la lucha social a través del miedo a ser encarcelado, del "terror" a ser perseguido (con el Código Penal en la mano como dijo Aníbal Fernández) que busca impedir que nos organicemos y salgamos a las calles a luchar por nuestros derechos, promueve la criminalización de la protesta y avanza en la militarización para “combatir la inseguridad”, en función de sus intereses de clase. Por ello, debemos unir todas nuestras fuerzas para decir NO a la Ley Antiterrorista. Porque seguiremos luchando por nuestros derechos y por construir un mundo realmente justo, afirmamos una vez más que las luchas que - todas las organizaciones políticas, sociales, sindicales, universitarias, etc.- día a día intentamos llevar adelante por mejores condiciones de vida, no son actos terroristas.


. DEROGACIÓN DE LA LEY "ANTITERRORISTA".
. UNIDAD DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS, SINDICALES, DE DERECHOS HUMANOS, ESTUDIANTILES Y SOCIALES.
. NINGÚN ACTO NI LUCHA POPULAR ES UN ACTO TERRORISTA . NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA.
. LIBERTAD A LOS PRESOS POR LUCHAR.
. DESPROCESAMIENTO DE LOS LUCHADORES POPULARES.


 El MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO MARCHAMOS HASTA EL CONGRESO NACIONAL
 Concentramos en Avenida de Mayo y 9 de Julio a las 17:00 hs 

 AGRUPACIÓN HOMBRE NUEVO


[i] Que logró la sanción en la cámara de Diputados con los 134 votos de: Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro, Frente Peronista de San Luis, Movimiento Popular Neuquino, Renovador de Salta, Córdoba Federal, Frente Cívico por Santiago, Unión por San Juan, Corriente de pensamiento Federal, Unión Peronista, Partido Justicialista La Pampa; contra los 90 votos negativos de: UCR, PRO, GEN, Proyecto Sur, PS, Frente Cívico Córdoba, Coalición Cívica – ARI, Unidad Popular, Demócrata de Mendoza, Libres del Sur, Frente Peronista, Democracia igualitaria y participativa, votaron en contra de la sanción de la ley.)