Editorial La Llamarada N13
Alicia detrás del espejo
Cerca del Palacio de Tribunales de
la Ciudad de Buenos Aires, puede leerse pintado en una cortina metálica: “¿Para quién hicieron la cárcel, si el rico
nunca entra y el pobre nuca sale?”. El graffiti, de cuño libertario, rescata
una vieja frase que también ha sido incorporada a la letra de una canción por
un conocido grupo de punk-rock vasco. Esas simples y a la vez rotundas palabras
enuncian una verdad popular indudable. Pero por si alguno dudase, ahí está la
realidad para saldar debates. La pretendida imparcialidad de la Justicia y la
tantas veces proclamada igualdad ante la ley se disipan en el aire ante el
carácter de clase que ordena, por ejemplo, que los empresarios de la trata y sus
rufianes son inocentes, pese a decenas de testigos y damnificados que desfilan
por los tribunales tucumanos denunciando lo contrario. El escandaloso fallo
absolutorio para los proxenetas acusados por el caso de Marita Verón, que pese
a la lucha a brazo partido de familiares y organizaciones sociales arrastra más
de una década de impunidad, despertó la sana indignación de gran parte de la
población. Movilizaciones y repudios generalizados, incluida la pueblada frente
a la Casa de Tucumán en la capital porteña, marcaron la reacción de los de abajo
ante la impunidad sentenciada y rubricada en expedientes y fallos por los de
arriba. El caso que recientemente dio entidad legal a la protección con que
cuentan los poderosos para secuestrar, prostituir y hacer desaparecer, promete
tener nuevos procesados… pero entre los militantes sociales que se movilizaron
para rechazar el fallo de la vergüenza. El Estado que en los tribunales declara
la inocencia de los traficantes de mujeres amenaza con causas judiciales a
organizaciones y referentes que se manifestaron frente a la Casa de Tucumán en
la C.A.B.A. Sergio Berni, Secretario de Seguridad, ha declarado en distintos
medios ante las roturas en la fachada del citado edificio, con tono amenazante,
que no cesará hasta encarcelar a los dirigentes populares a los que él hace
responsables de esos hechos. En su prédica reaccionaria ha señalado a
organizaciones enteras, como es el caso del Frente de Organizaciones en Lucha -
FOL. Quien desde su cargo en la cartera de Seguridad poco hizo contra la trata
de personas, o por investigar el asesinato de Noemí Condori, militante del FOL
Escobar, en la última semana no ha perdido ocasión para estigmatizar a dicha
organización ante la prensa amarilla amiga de la mano dura. Además, el
funcionario y ex carapintada repartió sus acusaciones hacia otras
organizaciones, como es el caso del PTS.
El calendario, con la obligada
recordación de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, puede aportar elementos
en sintonía con los anteriores. ¿Quién pagó los casi cuarenta muertos del
llamado “Argentinazo”? El pueblo que dejó el cuero en las barricadas frente al
estado de sitio de un mandatario decadente y en huida no recibió siquiera el
favor de ver tras las rejas a la última línea de sus verdugos. Por los
asesinados en diciembre de 2001, once años después, hay condenados solamente seis
imputados, todos del último eslabón en la cadena de mandos. De ellos, apenas cuatro
cumplen prisión efectiva. Ninguno de los funcionarios, desde De la Rúa, hasta
el ex Secretario de Seguridad Mathov o el ex jefe policial Santos, se
encuentran detenidos actualmente. El fugado presidente se halla procesado aún,
pero libre, pese a que se ha apelado su absolución, declarada por el juez
Bonadío en 2007. Mathov y Santos conocieron apenas unas semanas de prisión
preventiva durante 2002. Los caídos del pueblo, en la memoria colectiva; pero
esperando una justicia que exceda el reconocimiento de los que luchan, mérito
ganado para siempre.
En semanas donde “per saltum” y
otros términos latinos provenientes del Derecho pueblan las tapas de los
diarios, y entre el gobierno y las corporaciones antes aliadas y ahora enemigas
se intercambian chicanas judiciales por la llamada “Ley de Medios”, desde el
Poder Ejecutivo se esgrimen discursos que invitan a “democratizar la justicia”.
Los señalamientos presidenciales acerca del carácter corporativo de los jueces
son tan ciertos como estructurales: ese supuesto llamado a la democratización
de la justicia es una encerrona, un perro mordiéndose la cola. ¿Podría la
Justicia, en tanto institución, mantenerse ajena a los intereses de quienes
poseen todo, incluso el poder para matar impunemente, para tener prostíbulos en
calles céntricas, para alimentar la maquinaria punteril con dinero del
narcotráfico o la trata? ¿Podría la Justicia tribunalicia escapar a otros
procesos de justicia? Sería extraño encontrar en las sentencias la equidad
negada por la desigualdad existente en otros órdenes. Pero, además, y sin dejar
de reconocer los logros populares logrados al hacer avanzar el juzgamiento a
una parte de los genocidas de la última dictadura, ¿querría el gobierno que
destina más dinero al pago a acreedores externos de deuda que a Educación o a
la Asignación Universal por Hijo democratizar seriamente esa estructura? ¿Puede
ser un gobierno que acicatea a las mayorías populares poniéndolas como base de
un sistema tributario regresivo, con impuestos al consumo y al salario, el que
cuestione el carácter aristocrático del Poder Judicial? ¿No se sirve, acaso,
tantas veces como otras critica, de esa misma estructura burocrática tan
entrelazada con empresarios y funcionarios?
En la conocida historia de Lewis
Carroll, Alicia en el país de las
Maravillas, la protagonista realiza un viaje fantástico y absurdo, en el
que se ve juzgada de manera delirante por los reyes de un mazo de naipes. A
diferencia de lo que sería una aparente paradoja, mediante la cual la Justicia
hace que los culpables queden libres y los inocentes condenados, puede leerse
una norma. Mientras el estado tenga el signo de los empresarios, sean los que
obtienen sus fortunas mediante el tráfico de personas para ser explotadas
sexualmente, o los que se nutren de la explotación en los campos envenenados de
soja y pesticidas, o los que se forran de dinero gracias a quienes dejan la
salud en las tan celebradas industrias,
no podremos hablar de Justicia, sino muy parcial y acotadamente; tanto dentro
como fuera de los tribunales. La pelea por justicia y contra la impunidad es y
seguirá siendo bandera del pueblo en lucha, y no de los gobiernos, incluso los
pretendidamente progresistas. La justicia que ansiamos llegará de manera
definitiva junto con los cambios que nuestro país y nuestro continente
necesitan: los que pongan fin a la explotación, los que planten la bandera de
la libertad y el socialismo; los que además de hablar de igualdad ante la ley,
concreten la igualdad ante la vida.
Equipo de Redacción
La Llamarada
Diciembre
de 2001- diciembre de 2012: ahora más que nunca, independencia de clase
Ante un nuevo “pacto social” en
puerta que la CGT oficialista y el gobierno nacional se aprestan a firmar, y
que pretende relegar nuevamente a los trabajadores y sus ingresos, la
burocracia sindical de las CGT de Moyano y Barironuevo y la de la CTA Micheli
salen a movilizarse. Tomando una agenda que no defienden coherentemente, y que
incluye la pelea por el salario, las jubilaciones y contra el impuesto al
sueldo, tanto Moyano como Micheli dan rienda a sus sendas perspectivas
electorales para 2013. Mediante una movilización anunciada provocativamente
para este 19/12, fecha que en 2001 encontró a sus dirigencias vergonzosamente
ausentes de la lucha de calles, las direcciones burocráticas del sindicalismo
ofrecen algo que se parece más a un acto pre-electoral que a una medida de
lucha real contra el ajuste. Como pretendida expresión sindical de los
cacerolazos de septiembre y noviembre hegemonizados por sectores reaccionarios,
los dirigentes incluyen reclamos como “la inseguridad”, e invitan con un rol
protagónico nuevamente a actores como el “Momo” Venegas, la UCR o la Federación
Agraria. Desde la Agrupación Hombre
Nuevo, entendemos que la unidad de
acción en defensa del salario no debe ser confundida con una participación en
actos planteados con oportunismo por el moyanismo o el FAP. Respetamos la
decisión táctica de muchos luchadores clasistas que participarán de la
movilización del 19, pero señalamos que, a nuestro juicio, la presencia de una
parte de la izquierda en esa marcha tiene más chances de legitimar una
convocatoria teñida por el descrédito de los dirigentes patronales que la
convocan, que de dar una disputa seria ante las bases por el rumbo de los
conflictos en curso y los venideros. Nuestra exigencia de un plan de lucha
sostenido y progresivo hacia la cúpula de las centrales debe ser una constante,
pero ello no debe traducirse en ceder ante una maniobra divisionista que tiene
como perspectiva vaciar de contenido una fecha tan significativa para la
izquierda como lo es el 20 de diciembre.
Por
eso, llamamos a centrar nuestras energías en movilizarnos el 20, participando
del acto a las 15 hs. en el Obelisco junto a otras organizaciones de la
Izquierda Independiente, y marchar luego junto a otras fuerzas a la Plaza de Mayo.
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