Editorial La Llamarada N13: Alicia detrás del espejo

Editorial La Llamarada N13

Alicia detrás del espejo

Cerca del Palacio de Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, puede leerse pintado en una cortina metálica: “¿Para quién hicieron la cárcel, si el rico nunca entra y el pobre nuca sale?”. El graffiti, de cuño libertario, rescata una vieja frase que también ha sido incorporada a la letra de una canción por un conocido grupo de punk-rock vasco. Esas simples y a la vez rotundas palabras enuncian una verdad popular indudable. Pero por si alguno dudase, ahí está la realidad para saldar debates. La pretendida imparcialidad de la Justicia y la tantas veces proclamada igualdad ante la ley se disipan en el aire ante el carácter de clase que ordena, por ejemplo, que los empresarios de la trata y sus rufianes son inocentes, pese a decenas de testigos y damnificados que desfilan por los tribunales tucumanos denunciando lo contrario. El escandaloso fallo absolutorio para los proxenetas acusados por el caso de Marita Verón, que pese a la lucha a brazo partido de familiares y organizaciones sociales arrastra más de una década de impunidad, despertó la sana indignación de gran parte de la población. Movilizaciones y repudios generalizados, incluida la pueblada frente a la Casa de Tucumán en la capital porteña, marcaron la reacción de los de abajo ante la impunidad sentenciada y rubricada en expedientes y fallos por los de arriba. El caso que recientemente dio entidad legal a la protección con que cuentan los poderosos para secuestrar, prostituir y hacer desaparecer, promete tener nuevos procesados… pero entre los militantes sociales que se movilizaron para rechazar el fallo de la vergüenza. El Estado que en los tribunales declara la inocencia de los traficantes de mujeres amenaza con causas judiciales a organizaciones y referentes que se manifestaron frente a la Casa de Tucumán en la C.A.B.A. Sergio Berni, Secretario de Seguridad, ha declarado en distintos medios ante las roturas en la fachada del citado edificio, con tono amenazante, que no cesará hasta encarcelar a los dirigentes populares a los que él hace responsables de esos hechos. En su prédica reaccionaria ha señalado a organizaciones enteras, como es el caso del Frente de Organizaciones en Lucha - FOL. Quien desde su cargo en la cartera de Seguridad poco hizo contra la trata de personas, o por investigar el asesinato de Noemí Condori, militante del FOL Escobar, en la última semana no ha perdido ocasión para estigmatizar a dicha organización ante la prensa amarilla amiga de la mano dura. Además, el funcionario y ex carapintada repartió sus acusaciones hacia otras organizaciones, como es el caso del PTS.

El calendario, con la obligada recordación de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, puede aportar elementos en sintonía con los anteriores. ¿Quién pagó los casi cuarenta muertos del llamado “Argentinazo”? El pueblo que dejó el cuero en las barricadas frente al estado de sitio de un mandatario decadente y en huida no recibió siquiera el favor de ver tras las rejas a la última línea de sus verdugos. Por los asesinados en diciembre de 2001, once años después, hay condenados solamente seis imputados, todos del último eslabón en la cadena de mandos. De ellos, apenas cuatro cumplen prisión efectiva. Ninguno de los funcionarios, desde De la Rúa, hasta el ex Secretario de Seguridad Mathov o el ex jefe policial Santos, se encuentran detenidos actualmente. El fugado presidente se halla procesado aún, pero libre, pese a que se ha apelado su absolución, declarada por el juez Bonadío en 2007. Mathov y Santos conocieron apenas unas semanas de prisión preventiva durante 2002. Los caídos del pueblo, en la memoria colectiva; pero esperando una justicia que exceda el reconocimiento de los que luchan, mérito ganado para siempre.

En semanas donde “per saltum” y otros términos latinos provenientes del Derecho pueblan las tapas de los diarios, y entre el gobierno y las corporaciones antes aliadas y ahora enemigas se intercambian chicanas judiciales por la llamada “Ley de Medios”, desde el Poder Ejecutivo se esgrimen discursos que invitan a “democratizar la justicia”. Los señalamientos presidenciales acerca del carácter corporativo de los jueces son tan ciertos como estructurales: ese supuesto llamado a la democratización de la justicia es una encerrona, un perro mordiéndose la cola. ¿Podría la Justicia, en tanto institución, mantenerse ajena a los intereses de quienes poseen todo, incluso el poder para matar impunemente, para tener prostíbulos en calles céntricas, para alimentar la maquinaria punteril con dinero del narcotráfico o la trata? ¿Podría la Justicia tribunalicia escapar a otros procesos de justicia? Sería extraño encontrar en las sentencias la equidad negada por la desigualdad existente en otros órdenes. Pero, además, y sin dejar de reconocer los logros populares logrados al hacer avanzar el juzgamiento a una parte de los genocidas de la última dictadura, ¿querría el gobierno que destina más dinero al pago a acreedores externos de deuda que a Educación o a la Asignación Universal por Hijo democratizar seriamente esa estructura? ¿Puede ser un gobierno que acicatea a las mayorías populares poniéndolas como base de un sistema tributario regresivo, con impuestos al consumo y al salario, el que cuestione el carácter aristocrático del Poder Judicial? ¿No se sirve, acaso, tantas veces como otras critica, de esa misma estructura burocrática tan entrelazada con empresarios y funcionarios?

En la conocida historia de Lewis Carroll, Alicia en el país de las Maravillas, la protagonista realiza un viaje fantástico y absurdo, en el que se ve juzgada de manera delirante por los reyes de un mazo de naipes. A diferencia de lo que sería una aparente paradoja, mediante la cual la Justicia hace que los culpables queden libres y los inocentes condenados, puede leerse una norma. Mientras el estado tenga el signo de los empresarios, sean los que obtienen sus fortunas mediante el tráfico de personas para ser explotadas sexualmente, o los que se nutren de la explotación en los campos envenenados de soja y pesticidas, o los que se forran de dinero gracias a quienes dejan la salud en las tan celebradas  industrias, no podremos hablar de Justicia, sino muy parcial y acotadamente; tanto dentro como fuera de los tribunales. La pelea por justicia y contra la impunidad es y seguirá siendo bandera del pueblo en lucha, y no de los gobiernos, incluso los pretendidamente progresistas. La justicia que ansiamos llegará de manera definitiva junto con los cambios que nuestro país y nuestro continente necesitan: los que pongan fin a la explotación, los que planten la bandera de la libertad y el socialismo; los que además de hablar de igualdad ante la ley, concreten la igualdad ante la vida.    

Equipo de Redacción

La Llamarada

Diciembre de 2001- diciembre de 2012: ahora más que nunca, independencia de clase

Ante un nuevo “pacto social” en puerta que la CGT oficialista y el gobierno nacional se aprestan a firmar, y que pretende relegar nuevamente a los trabajadores y sus ingresos, la burocracia sindical de las CGT de Moyano y Barironuevo y la de la CTA Micheli salen a movilizarse. Tomando una agenda que no defienden coherentemente, y que incluye la pelea por el salario, las jubilaciones y contra el impuesto al sueldo, tanto Moyano como Micheli dan rienda a sus sendas perspectivas electorales para 2013. Mediante una movilización anunciada provocativamente para este 19/12, fecha que en 2001 encontró a sus dirigencias vergonzosamente ausentes de la lucha de calles, las direcciones burocráticas del sindicalismo ofrecen algo que se parece más a un acto pre-electoral que a una medida de lucha real contra el ajuste. Como pretendida expresión sindical de los cacerolazos de septiembre y noviembre hegemonizados por sectores reaccionarios, los dirigentes incluyen reclamos como “la inseguridad”, e invitan con un rol protagónico nuevamente a actores como el “Momo” Venegas, la UCR o la Federación Agraria. Desde la Agrupación Hombre Nuevo,  entendemos que la unidad de acción en defensa del salario no debe ser confundida con una participación en actos planteados con oportunismo por el moyanismo o el FAP. Respetamos la decisión táctica de muchos luchadores clasistas que participarán de la movilización del 19, pero señalamos que, a nuestro juicio, la presencia de una parte de la izquierda en esa marcha tiene más chances de legitimar una convocatoria teñida por el descrédito de los dirigentes patronales que la convocan, que de dar una disputa seria ante las bases por el rumbo de los conflictos en curso y los venideros. Nuestra exigencia de un plan de lucha sostenido y progresivo hacia la cúpula de las centrales debe ser una constante, pero ello no debe traducirse en ceder ante una maniobra divisionista que tiene como perspectiva vaciar de contenido una fecha tan significativa para la izquierda como lo es el 20 de diciembre.

Por eso, llamamos a centrar nuestras energías en movilizarnos el 20, participando del acto a las 15 hs. en el Obelisco junto a otras organizaciones de la Izquierda Independiente, y marchar luego junto a otras  fuerzas a la Plaza de Mayo.