Ni olvido ni perdón

Adelanto de La Llamarada Nº18

Editorial

Ni olvido ni perdón

En el año 2002, el Congreso creó el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Había pasado apenas unas semanas de que cayeran asesinados los compañeros Darío y Maxi en el Puente Pueyrredón. Tres años después, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se instituyó como día no laborable. Toda institucionalización de la historia implica un recorte, una drástica amputación de sus causas, de sus actores, de sus continuidades por parte de quienes le dan entidad oficial. La memoria que se escribe en el escueto decreto por el cual se conmemora esta fecha, no es ni de lejos la memoria viva y presente de los luchadores, militantes y compañeros desaparecidos durante la dictadura de Videla. Nuestra memoria, no viene -en forma de ley burguesa- a reemplazar las luchas por una patria sin explotados ni explotadores, no esconde las insignias rojas de los caídos, no escinde las esperanzas por librarse de las opresiones de ayer y de hoy, porque son opresiones de una misma raíz.

Nuestra memoria de hoy no acepta la integración del ejército a la sociedad, ni cree en los disfraces de los Jefes y Generales, ahora supuestamente bien educados en materia de derechos humanos. Nuestra memoria, como la tierra, lleva en sus surcos todos los gestos de la humanidad. Es un registro ético que repudia cualquier intento de integración a los gobiernos que hostigan al pueblo.

Un ejército que tiene aún la potestad para resguardar los archivos secretos con los paraderos de los hijos, con la ubicación de las fosas, con la información sobre los responsables de detenciones y desapariciones, es un ejército que no defiende ni podrá defender al pueblo trabajador, ni buscar la verdad, ni buscar la justicia. Nuestra memoria rechaza de plano el nombramiento de César Milani como Jefe de las Fuerzas Armadas, como lo han rechazado los organismos de DD.HH. por estar vinculado al Operativo Independencia en Tucumán, por las detenciones de Ramón Olivera y de su padre, por la desaparición de Alberto Ledo y las torturas a Oscar Schaller en La Rioja. Repudia cualquier intento de conciliación por parte de los organismos que han bajado sus banderas de lucha de antaño y sugieren, desde una perspectiva del buen gusto, que el ejército “urbanice las villas miserias”. El mismo ejército que entraba derribando puertas a chuparse compañeros, no puede, ni debe construir una sola casa en ningún barrio. Eso es lavarle la cara, y dejar de pedir lo que hay que pedir, con claridad y con firmeza: juicio y castigo para todos los represores, de ayer y de hoy.

Esta apuesta del kirchnerismo hacia la integración social de las fuerzas armadas se da en un contexto de crisis económica y política que afecta la vida de millones de trabajadores. La imagen del ejército colaborando junto a los soldados de Cristina en las inundaciones sufridas en 2013 en La Plata, dan muestra de estos intentos que insultan la memoria de aquellos que en esa misma ciudad se partieron el lomo solidarizándose sin la venia del gobierno nacional, aquellos que pusimos nuestro salario y nuestros brazos sin una pizca de caridad y que no nos olvidamos de que las tragedias naturales las paga el pueblo cuando no las previenen los gobiernos. 

Las medidas entorno a la represión o la represión misma, enmarcada en la crisis del capital, en la futura transición de gobierno que resguarda sobre todo los intereses de los grandes ganadores cuidados, se ha cristalizado en figuritas como la de Sergio Berni, cuyo prontuario merece un asco digno e incontenible. El karateka, ex Teniente Coronel del ejército, la cara visible de las políticas de seguridad nacionales en medio de un creciente auge de las protestas sociales, como nunca se habían desarrollado en el decenio K, comenzó su carrera como buchón de los mineros que tomaron los socavones de la empresa YCRT en Río Turbio, por el año 1994. Alicia Kirchner fue quien lo trajo a la Ciudad en 2003 para incorporarlo al Ministerio de Desarrollo, y lo puso al mando de una oficina que tenía por objetivo desarticular al movimiento piquetero, con amenazas, informes de inteligencia, o maniobras y prebendas. En 2010 fue quien comandó a la Gendarmería en el Parque Indoamericano, después de los asesinatos perpetrados por la Federal y la Metropolitana. “Los conflictos no se negocian”, es el lema de este instructor de artes marciales que reprimió y detuvo a más de 60 compañeros en Campo de Mayo, en agosto de 2012, y el mismo que estuvo a cargo de la represión del 27 de febrero último en los cortes en de la General Paz y de la Panamericana, exhortando a la justicia “a dar respuestas” contra la “manga de inadaptados” y “delincuentes”.

La represión crece al ritmo parejo de la inflación y el ajuste, y los personajes como Berni son la bandera del mismo gobierno que año atrás se ufanaba de no reprimir la protesta social. El mismo dadivoso gobierno que nos “presta” la Plaza de Mayo para protestar, mientras sobre condena a los condenados petroleros de Las Heras. El mismo que apunta contra todos los trabajadores cuando apunta contra Las Heras, y sanciona y delimita las protestas “justas” que a esta altura se restringen a un twitteo de denuncia contra los remarcadores de precios, y condena a todo aquel que ose cortar una calle, una ruta o hacer paro. A la par, en los despachos, se preparan las baterías de medidas legislativas para recortar el derecho a manifestarse en las calles: “Vamos a tener que sacar una normativa relativa a la convivencia ciudadana porque no puede ser que 10 personas te corten una calle y no pase nada”, anunciaba Cristina Fernández en la reciente apertura de las sesiones del Senado.

Esta memoria de la que somos parte, no tiene en sus tejidos un solo punto que justifique la supresión de este derecho de los trabajadores y del pueblo. Los compañeros que en los 70 lucharon contra el capitalismo, contra el imperialismo y contra la represión, no encajan en el discurso de la conciliación ni en el mensaje disciplinante del gobierno. No son más que una contradicción y un verdadero retorcijón político para los acostumbrados estómagos del progresismo a dieta de sapos cada vez más gruesos. En síntesis, la fachada se viene abajo, el modelo se desarma.

Así como recortan la memoria del 24 de marzo, lo mismo mutilan las enseñanzas de las jornadas del 19 y el 20 de diciembre. Unidos y Organizados, en las puertas de los tribunales, piden una justicia sobre un hecho histórico que es para ellos no más que un punto estático en la lucha de clases (advertencia: lo de lucha de clases va por cuenta nuestra). El modelo -que se descascara- en su discurso y lectura sólo toma ese momento en la historia de nuestro pueblo como un cuco, como el pasado que “superamos” y al que “no queremos volver”. No hacen referencia a la valentía de aquellos que le pusieron el pecho a los gases, que aguantaron horas y horas de represión, que vieron caer compañeros, hermanos, padres en manos de la policía. El gobierno ve en aquellos días solamente “caos”. No estamos cercanos a pensar que el 2014 es un reflejo de aquel 2001, sería una falta total de precisión histórica y análisis coyuntural de nuestra parte. Sólo queremos apuntar las contradicciones entre el creciente endurecimiento de la contención represiva de la protesta y la “encendida” militancia de las organizaciones kirchneristas que piden una justicia por los hechos de aquel diciembre. Para que nos entendamos: el gas lacrimógeno vencido que inhalamos aquella vez, tiene aun el mismo sabor.

Ante un nuevo aniversario del golpe, junto a la memoria de los 30.000 compañeros que pelearon por una patria sin hambre, sin pobreza, sin dueños, contra la judicialización de la protesta, contra la persecución actual de los luchadores sociales y políticos, porque las injusticias de ayer tienen su núcleo en las mismas relaciones de explotación actuales, porque las banderas rojas siguen molestando a los ojos de los patrones, porque no sea en vano la muerte y la vida de esos miles de compañeros y compañeras: no perdonamos, no nos reconciliamos, y nunca olvidamos.