jueves, 19 de junio de 2014

Cría buitres…


Ante el fallo contrario al gobierno argentino en los juicios por el pago a los fondos buitres, sale una vez más a la luz la incapacidad de la clase dominante local y sus voceros de encabezar una lucha contra el imperialismo y la necesidad de levantar las banderas del antiimperialismo radical.

Los hechos
El rechazo de la Corte Suprema de los Estados Unidos al pedido del gobierno argentino de revisión del fallo de los tribunales inferiores en la causa iniciada por los “fondos buitres” significa un revés en la política de “normalización” de las relaciones el país con los mercados externos que el gobierno viene impulsando con ímpetu desde fines del año pasado. En la búsqueda de reinsertarse en los mercados financieros internacionales y de recomponer vínculos con las fracciones más concentradas del capital local, el gobierno kirchnerista viene acordando con multinacionales y organismo multilaterales el “saneamiento” de su situación.
Hasta ahora, la buena disposición del gobierno, aplaudida por empresarios y sus representantes políticos, venía dando “buenos resultados”. Pero el reciente fallo pone en riesgo toda la “política de desendeudamiento” al empujar a la Argentina al borde del “default técnico”. La ratificación del fallo del juez Thomas Griesa de Nueva York implica que el gobierno argentino debe abonar a los “fondos buitres” encabezados por NML Capital (de Paul Singer) u$s1.330 millones. Esto es, el 100% del valor nominal de los bonos de deuda soberana que compraron al 10 o el 20% de su valor cuando se desató la crisis de 2001 y la Argentina declaró el default. La contratación por parte de argentina de Paul Clement quien fuera procurador general del gobierno de George W. Bush para elaborar la presentación ante el tribunal supremo, buscando que el fallo fuera el rechazo o por lo menos la consulta al gobierno de los Estados Unidos, no dio sus frutos.
En estas horas, una delegación encabezada por el ministro de economía Axel Kicillof partió hacia la metrópoli. Según el ministro, se buscará negociar con Griesa para llegar a un acuerdo de consenso con los fondos privados. Los abogados del gobierno argentino buscan convencer al juez Griesa de la necesidad de abrir una negociación esgrimiendo que en caso de aplicación del fallo el país entraría en “default”. A fin de mes, el gobierno se comprometió a pagar u$s 900 millones de dólares a los bonistas que entraron en las reestructuraciones de deuda de 2005 y de 2010. En caso de mantenerse la decisión de aplicar el fallo inmediatamente, los fondos que Argentina debería depositar en bancos de Estados Unidos para efectivizar el pago serían embargados para cumplir lo dispuesto por Griesa.
Pero aun cuando se diera este escenario, la propuesta de pago del gobierno argentino debería ser superior a la ofrecida a quienes aceptaron las reestructuraciones de 2005 y 2010. Si esto ocurre antes de diciembre de este año, se aplicaría la cláusula RUFO (“Rights Upon Future Offers”, en castellano, Derechos sobre Ofertas Futuras). Si la Argentina finalmente paga a los fondos buitres incluidos en el presente juicio el 100% o un porcentaje superior a la de los canjes anteriores, por un lado, se sentaría precedente para el 7% restante de tenedores de la deuda “defaulteada” en 2001 que sigue en litigio y que, de aplicarse el mismo criterio, implicaría la obligación de pagar u$s 15.000 millones (aproximadamente, la mitad de las reservas actuales del Banco Central). Por otro lado, de concretarse el pago a que obliga la decisión de Griesa ratificada por la Corte Suprema norteamericana, se habilitaría a los bonistas que aceptaron las reestructuraciones previas a exigir lo mismo. Por eso, los negociadores del lado argentino buscan prolongar la decisión por lo menos hasta que dicha cláusula caiga; al mismo tiempo que necesitan llegar a un acuerdo que permita estirar los plazos de aplicación del fallo ya que de no hacerlo la Argentina volvería a entrar en default.
Ante una negativa del juez de abrir una negociación y/o de los fondos buitres, situación que constituye el escenario más probable, los funcionarios argentinos evalúan reflotar la propuesta de cambiar la sede de pago de Nueva York a Buenos Aires para evitar el embargo. No obstante, esto significaría desacatar las decisiones de la justicia norteamericana.

Los dichos
En discurso por cadena nacional el mismo día que se conociera la decisión de la Corte Suprema de EEUU, Cristina Fernández de Kirchner, realizó un recorrido por la historia de la deuda externa argentina deteniéndose en los numerosos casos de fraude y corrupción que la atraviesa. Sostuvo: “Todo gobernante, todo país, todo dirigente en el ámbito de la política, de la economía tiene que estar dispuesto a negociar; lo que no pude hacer, por lo menos ningún presidente de una nación soberana, es someter a su país y a su pueblo a una extorsión semejante.” En la conferencia de prensa que dio el 17 de junio, Kicillof fue más osado y empleando la consigna con que los republicanos españoles resistieron la ofensiva sobre Madrid en noviembre de 1936 afirmó “No pasarán, no van a voltear las reestructuraciones de la deuda”. Agregó: “No podemos estar de nuevo en una situación donde, por pagar la deuda, reine el hambre”.
Desempolvando los discursos sobre la soberanía, los máximos representantes del ejecutivo denuncian ahora el origen de la deuda, la acción de los fondos buitres, las decisiones de los tribunales norteamericanos. Se lamentan de que no se valore la disposición de pago y la política de “pagadores seriales” que vienen ejecutando de manera sistemática. Las encendidas invocaciones al patriotismo, las denuncias de “extorsión”  y las referencias a la sujeción o al hambre del pueblo se combinan en el discurso oficial con la voluntad de pagar, de llegar a un acuerdo, de “pagar los platos rotos de la fiesta neoliberal”.
En plena carrera hacia el 2015, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri llamó a la unidad de las fuerzas políticas: “Quienes aspiramos  a la Presidencia de la Nación deberíamos suscribir en las próximas horas un compromiso de continuidad de la política que enunciara la Presidenta en el sentido de mantener la garantía total de pago para los acreedores de buena fe y de mantener las decisiones que se definan en el marco de las opciones que se abran con los deudores que no ingresaron al canje. Todo con el fin de mantener en pie la economía nacional”.
Los representantes de las centrales de trabajadores oficialistas se sumaron, como de costumbre, a línea trazada por el gobierno. En una solicitada Antonio Caló apoyó el "desendeudamiento" y rechazó el "sistema financiero internacional que prioriza la especulación sobre la producción y el trabajo". En sintonía, Hugo Yasky sostuvo "Acá no se trata de pagar o no pagar sino de quebrar la hegemonía del capital especulativo en el mundo que destroza los países".
Del lado de la oposición derechista, las posiciones fueron incluso más vergonzosas. En una entrevista radial en Radio 10 Macri, defendiendo la necesidad de llegar a un acuerdo con los fondos buitres, sostuvo: “Siempre dijimos desde PRO que la actitud clara y coherente es privilegiar el interés nacional por sobre cualquier cuestión política. Ahora hay que agotar las instancias de diálogo y negociación y llegar a una solución acordada que nos permita continuar con el camino que inició el Gobierno, que es ir regularizando los temas pendientes”. En sintonía con el PRO, Hermes Binner en una entrevista de CN23 despejó cualquier duda que algún desprevenido pudiera tener sobre el contenido socialista del referente: "Son fondos cuestionados, pero no podemos resolver que no los vamos a pagar. Luego de la posición firme de Griesa, nosotros debemos realizar otra propuesta de pago. Debemos responder a las demandas, si Argentina no lo concreta, realmente no avanzaremos a integrarnos al mundo." Haciendo gala de su discurso de oposición seria y responsable, Massa presentó un proyecto de formación de una comisión bicameral para el seguimiento de la deuda externa y, buscando acomodarse en el sillón presidencial, dijo en Radio Mitre “Este fallo no es el castigo a un Gobierno, sino una sanción a la Argentina. Este Gobierno se va en 500 días, pero la Argentina tiene que resolver su situación con los mercados”.
En síntesis, oficialismo y oposición de derecha coinciden en que “hay que resolver la situación” pagando a los fondos buitres. Los sectores más definidamente liberales proponen pagar sin chistar mientras el oficialismo seguramente termine pagando pero intentando hacer valer algunas condiciones como por ejemplo la fecha del acuerdo, además de los fuegos artificiales verbales aludiendo a la soberanía. Nadie ha planteado investigar el origen de la deuda. Nadie ha por lo menos sugerido negarse a pagar, ni siquiera como una cuestión táctica para forzar a una negociación. Como siempre, la posición ante el imperialismo por parte de la clase dominante local se reduce al modo, un poco más o un poco menos abyecto, de subordinarse a los centros de poder.

Furgón de cola o antiimperialismo
Los recientes hechos y dichos muestran, una vez más, la incapacidad y la falta de cualquier atisbo de voluntad de sostener una perspectiva antiimperialista por parte la burguesía argentina y sus expresiones políticas. Poco hay para agregar a lo que los propios sectores de oposición de derecha proclaman, en lenguaje menos chocante, no es otra cosa que la relaciones carnales con el imperio de Di Tella, formulado académicamente por Escudé como “realismo periférico”.
Por su parte, el gobierno toma frases de la tradición antiimperialista para justificar el pago de una deuda ilegítima y fraudulenta. La estrechez de esa perspectiva se traduce en gestos concretos como la contratación de un cuadro de George W. Bush, en la defensa del “derecho de pagar” y en presentar el pago de la deuda (eufemísticamente llamada “política de desendeudamiento”) como una gran conquista del pueblo argentino a lo largo de la década ganada. Contrasta el tono descolocado a la hora de hablar de la extorsión de los fondos buitres, con la violencia con la que se pide que las fuerzas de seguridad y los siempre listos burócratas sindicales pongan fin a la “extorsión” de una medida de fuerza de obreros peleando nada menos que por su fuente de trabajo y subsistencia. Frente a la Corte Suprema de los Estados Unidos, frente a NML de Paul Singer, no hay proyectos de ley que busquen combatir la “extorsión” como sí los hay cuando se trata de enfrentar la supuesta “extorsión” de trabajadores que realizan un piquete para reclamar por sus derechos. Coherente con la defensa del capitalismo “serio”, el problema es el porcentaje de ganancia y no la ganancia en sí. No faltó el argumento de que si nos empujan a la cesación de pagos, no vamos a poder pagar, retomando la frase de Néstor Kirchner: “permítannos crecer para poder pagar, porque los muertos no pagan”.
Durante los años de crecimiento, con superávit comercial y fiscal y reservas récord, el pago “serial” implicó la salida de decenas de miles de millones de dólares. Se dice que se usaron reservas y no dinero recaudado a través del ajuste pero no queda duda de que esos recursos no se emplearon en resolver los problemas estructurales de la economía argentina y, menos aún, en mejorar las condiciones de vida, trabajo, viviendo, transporte, salud y educación del pueblo. La “quita” a los llamados acreedores de buena fe en los canjes de 2005 y 2010 resulta muy inferior al 50% presentado por el gobierno e implica que renovación de deuda que prevé vencimientos hasta más allá del 2030. Negando los costos sociales, las burocracias convierten el pago de la deuda “en nombre de los trabajadores”; y reflotan la diferencia entre capital especulativo y capital productivo, presentándolos como dos grupos antagónicos y no como lo que son, dos formas necesarias e intrínsecas al desarrollo de la acumulación de capital.
Resulta insultante que los funcionarios estatales y los funcionarios que actúan desde el movimiento obrero hablen de la necesidad de pagar cuando el deterioro de los salarios, de los beneficios sociales, los despidos y las suspensiones ya son moneda corriente. Desde Hombre Nuevo levantamos las banderas del antiimperialismo, del único antiimperialismo consecuente que es el que podemos llevar adelante los trabajadores y el conjunto del pueblo; del antiimperialismo profundo que forma parte de la lucha por el socialismo. La posibilidad de llevar esa lucha contra el imperialismo a fondo implica, necesariamente, combatir al capitalismo.
AGRUPACIÓN HOMBRE NUEVO

19 de junio de 2014

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