enero de 2012 - Situación Nacional - La Llamarada (versión digital)
SINTONÍA FINA Y SEÑAL DE AJUSTE
Ajuste para todos
Verano con altas temperaturas, pero no sólo por la sensación térmica. Este comienzo de año se inicia con una serie de medidas políticas regresivas, que impactan fundamentalmente sobre la clase trabajadora y los sectores más postergados. El “modelo nacional y popular”, supuesto garante de un nuevo Estado de bienestar, lejos de escandalizarse, ha sido el principal impulsor de las mismas.
En un ensayo, todavía a pequeña escala, de los ajustes salvajes durante la década de los 90’, y de las políticas que a diario aplican las naciones europeas para “salir” de la crisis, se ha comenzado a instrumentar un ajuste generalizado. A pesar del anuncio oficial de extensión del período de gracia del Programa Federal de Desendeudamiento hasta el 31 de diciembre de 2013, que tendría por objetivo alivianar las necesidades financieras de las 17 provincias involucradas en $6.900 millones de pesos el próximo año y en $6.700 millones en 2013, la situación fiscal de las provincias explota. Por eso las mismas ya comienzan a instrumentar los ajustes que recaerán, como siempre, sobre la clase trabajadora.
Daniel Peralta, gobernador del territorio donde nació el Kirchnerismo, envió a fines de diciembre al Congreso provincial una Ley de Emergencia Económica que implica, entre otras medidas, la suspensión de negociaciones paritarias y la modificación del régimen previsional, subiendo la edad jubilatoria, además de que se altera la ya restringida movilidad en los haberes. La movilización de los trabajadores estatales, con represión y heridos mediante, sumada a la crisis política interna que se desató luego de que los jóvenes “progresistas” de La Cámpora que inicialmente avalaron este proyecto de Ley retiraran su apoyo al Gobierno de Peralta, permitió que se suspenda la medida hasta marzo. Recordemos que ante la magnitud de los acontecimientos, los jóvenes camporistas, cambiaron su estrategia jugando ahora al vacío de poder con el Gobernador Peralta, luego de presentar la renuncia a 15 cargos ejecutivos de primera y segunda línea dentro de la Gobernación.
Si bien en Santa Cruz se logró frenar el paquete de ajustes, en Río Negro la reciente asunción de Weretilnek, ante la muerte del Carlos Soria, ex jefe de la SIDE en tiempos de la masacre del Puente Pueyrredón, no modificó en nada lo pautado por su antecesor. “No hay marcha atrás con la reforma del Estado, ni con las políticas mineras, ni con la eficientización del gasto público”, señaló el flamante gobernador ratificando la decisión de pasar a disponibilidad 20.000 trabajadores estatales, y la derogación de la ley provincial que prohibía la utilización del cianuro y el mercurio en las actividades mineras.
Por su parte, el gobierno de Chubut frenó una resolución que ingresaba trabajadores a planta permanente y retrasó los pagos de diciembre a los estatales, el gobierno catamarqueño anunció la suspensión de más de 170 contratos, en Jujuy y Córdoba los trabajadores estatales esperan, todavía, el cobro de los salarios de diciembre. (Clarín, 09/01)
Estas iniciativas de ajuste fiscal se comprenden en un escenario económico que se ve afectado por las consecuencias de una compleja crisis económica mundial. Con la intención de reducir el gasto público, se apunta contra los salarios de los trabajadores estatales, reinstalando en el sentido común la imagen de “privilegiados”, “ñoquis” y “vagos”, discurso que el menemismo utilizó para justificar las privatizaciones; discurso que, de forma virulenta, se viene promoviendo incesantemente desde la máxima autoridad ejecutiva.
Apelando a la distribución de la riqueza entre la misma clase trabajadora, gobiernos nacionales y provinciales nada dicen (y menos tocan) de las enormes ganancias que empresas agrarias, industriales, mineras, petroleras y bancarias, acumularon en estos 8 años de kirchnerismo.
TarifazosEn la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, autorizó de un día para el otro el descomunal aumento de 127 % en las tarifas de los subtes. Luego de concretarse el traspaso del servicio a órbita a la Ciudad, con el acuerdo del Gobierno Nacional de subsidiar durante todo este año con una suma de 360 millones de pesos, un 50 % de lo que venía aportando, el jefe de gobierno porteño pautó una tarifa que excede ampliamente en recaudación lo que el gobierno nacional deja de subsidiar. Así, Macri, preocupado por perseguir a los vendedores ambulantes pero no por cobrar impuestos a los monopolios, continúa garantizando millonarias ganancias para el Grupo Roggio. El argumento dado por el oficialismo porteño de que no tenían posibilidades de afrontar la otra mitad del subsidio al no estar contemplado en el presupuesto, fue desmentido por el propio ministro de Hacienda porteño, Grindetti, quien reconoció que en el presupuesto de este año estaban incluidos 1150 millones de pesos para mejoras del servicio (Página 12, 8/01).
Pero estos aumentos son sólo el comienzo: en sintonía con el incremento en la tarifas del subte, no pasará mucho tiempo para que se modifiquen las tarifas de otros medios de transporte, como colectivos y trenes, a pesar de las enérgicas desmentidas del ministro de Planificación Julio de Vido, y del Secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi.
Completa el panorama de ajuste la quita de subsidios en las tarifas de agua, luz y gas, además del incremento específico en los precios de estos dos últimos servicios. Aunque en esta primera etapa la suba alcanza a grandes empresas y usuarios residenciales, no se descarta que tendrá efectos generales, impactando fuertemente sobre los bolsillos de los trabajadores que no logran mejorar su capacidad de compra ante los crecientes niveles de inflación. No hay que ser un gran analista para descubrir que el aumento de estos servicios (por ejemplo gas) a los sectores industriales (grandes consumidores), elevará los costos de la producción, por lo tanto los precios que pagamos los trabajadores. De esta manera se configura la conocida transferencia de ingresos, según la cuál los pobres terminamos pagando el aumento que supuestamente se aplica a los ricos.
El gobierno intenta subjetivamente retrasar lo que objetivamente no tardará en estallar. Con un fuerte trabajo cultural y propagandístico, el kirchnerismo dibuja un ajuste que a medida que vaya sintiéndose en los bolsillos, no podrá ser ya ocultado. A su vez, el gobierno “socializa” la crisis, con iniciativas tendientes a que las provincias y el macrismo paguen los platos rotos.
Aumenta la temperatura
La relación con el, hasta hace poco más de medio año, riñón sindical del gobierno ya venía tambaleando desde que la presidenta comenzó a armar su equipo para el segundo, ya en su tiempo evidente, mandato. Sin embargo, ese rumor no terminaba de convertirse en una realidad.
Luego del ataque que la misma Cristina Fernández de Kirchner habría lanzado contra el sindicalismo en su discurso de asunción el pasado 10 de diciembre; Hugo Moyano, convirtió la disputa CGT-gobierno en un conflicto abierto. El 15 de Diciembre, en ocasión de un nuevo aniversario del día del camionero, el titular de la CGT irrumpió con un discurso explosivo, en el que renegó públicamente de las acusaciones de “extorsionadores” que la presidenta le achacó al sindicalismo en el mencionado discurso, a la vez que afirmó, incisivo, que tanto el PJ provincial como el nacional (en los cuáles ocupaba importantes cargos, a los que renunció en ese mismo acto) “son cáscaras vacías”.
Pero no sólo los sectores encabezados por la burocracia de Moyano se ponen a la defensiva. Se avecinan unas paritarias conflictivas tras los anuncios del gobierno que pretende poner un techo del 18% a los aumentos salariales. Ya el sector de “los gordos” de la CGT encabezado por Luis Barrionuevo está discutiendo planes en conjunto con Moyano (como fijar un piso para las paritarias del 25%). También Hugo Yasky, del “sector K” de la CTA, se posiciona, aunque evitando cualquier confrontación con la patronal estatal: “el 2012 puede ponernos frente a un cuello de botella en relación con la continuidad y profundización del proceso distributivo (…) [es preciso] atravesar sí o sí ese cuello de botella. (…) este es el gran desafío que nos plantea este 2012. Para lo cual resulta impostergable una nueva avanzada para hacer más justa la distribución de la renta, poniendo la lupa sobre las utilidades extraordinarias de sectores concentrados de altísima rentabilidad y adoptando políticas activas que incrementen la participación de la pequeña empresa y del sector estatal en el proceso productivo”. (Diario El Tiempo, 06/01)
Las reuniones de los Moyano con Barrios de Pie, Pablo Micheli (CTA Verde), Luis Barrionuevo, etcétera, indicarían que el titular de la CGT pretende ser la punta de lanza que derribe el techo salarial del 18%. Con un programa reivindicativo, Hugo Moyano apunta a capitalizar apoyos, a hacerse de caudal para un armado propio, y negociar en nombre de una clase a la que no pertenece. Por su parte, el gobierno es hábil y será cuestión de ver cómo reaccionan las diferentes burocracias cuando este último comience a “levantar el teléfono” para negociar por partes, aislando a Moyano. El gobierno intentará generar un nuevo personaje de recambio para la CGT, lavándole la cara a Gerardo Martínez (UOCRA) y poniendo algunas fichas en Antonio Caló (UOM) y Ricardo Pignanelli (SMATA).
Los sectores independientes, anitburocráticos y combativos fueron también “halagados” por Cristina en su discurso de asunción, en el que la misma mencionó de manera negativa la histórica lucha que los docentes santacruceños organizados en ADOSAC llevaron adelante el año pasado. Tendremos que ver cómo continuamos con una política de unidad, y con una dirección independiente de los gobiernos y las patronales, pero también de las burocracias.
El techo salarial del 18%, los ajustes y tarifazos, lejos de ser casos aislados, forman parte de un plan que tiene por objetivo que la crisis no la paguen los empresarios. Como observa Eduardo Lucita, por medio de un cambio semántico, pero también, y fundamentalmente, político, ya no se trataría de profundizar el modelo, sino que se entraría en la era de la sintonía fina. Una forma bella y confusa de decir: la crisis la pagará el pueblo trabajador.
Pero ese pueblo trabajador es el mismo que echó a Onganía en el Cordobazo y a De La Rua en el Argentinazo. Un pueblo combativo, que no se calla. El gobierno esto lo sabe, y también se prepara.
Un anti(cuerpo)terrorista
El gobierno kirchnerista ya carga con 18 muertos del campo popular desde junio de 2010, a eso se le suman los 140 casos de gatillo fácil anuales, la desaparición de Julio López y Luciano Arruga, un sinnúmero de procesados y presos por luchar, etc. El intensivo trabajo mediático-cultural logra que el gobierno que reprimió a los docentes de Santa Cruz en Buenos Aires, a los trabajadores de Kraft, a los sin tierra en Formosa, en Jujuy, en el Indoamericano, etc., siga pareciendo una gestión progresista que “ha decidido no reprimir la protesta social”.
Pero ese manto comienza a correrse. Como previamente afirmábamos, el gobierno comienza a prepararse para un año convulsionado. El pasado 21 de diciembre el Congreso aprobó la llamada “Ley antiterrorista”, enviada al poder legislativo por el ejecutivo. Con definiciones confusas y duplicando las penas de la legislación vieja, dicha ley se configura como un arma contra la protesta social, un crimen a los que luchan. El mismo Florencio Randazzo ratificó que la iniciativa fue producto de presiones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), órgano dirigido por la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, órgano del imperialismo yanqui.
Este anticuerpo terrorista que el gobierno utiliza para enfrentar la crisis a su manera (con los empresarios y contra los trabajadores) es una manifestación más de la naturaleza de clase que posee este gobierno que se llama nacional y popular, pero transa con el imperialismo y reprime a quienes se organizan porque no quieren pagar la crisis que el capitalismo generó.
Ante este avance sobre nuestras conquistas: Unidad, organización e independencia política
En el panorama mundial no hay señales de recuperación. El viejo continente no encuentra salida, a pesar de los draconianos ajustes que han impuesto gobiernos de distintas tendencias políticas sobre los trabajadores. Estados Unidos, no logra recuperar su economía y el nivel de empleo. Nuestro socio comercial y vecino país, Brasil, enfrenta posibilidades de desaceleración en su economía, y los pronósticos sobre la supuesta nueva locomotora mundial: China, tampoco son alentadores.
En este contexto, la teoría del blindaje ha quedado desechada. Ya nadie duda del impacto de la crisis sobre nuestra economía, aunque no hay datos certeros sobre su duración y profundidad. Es en este escenario, que el gobierno decide que las consecuencias de la crisis la paguen los trabajadores, mediante medidas que aunque fervientes kirchneristas quieran maquillar con palabras más suaves, no son más que AJUSTES.
El reciente conflicto en Swift, ante el anuncio de la empresa de cerrar su planta en Venado Tuerto, afectando la fuente laboral de 500 trabajadores, por más que ha quedado en suspenso; la reciente suspensión durante dos días de 2.500 obreros de FIAT en Córdoba en medio de una supuesta disputa entre la empresa y el gobierno por la liberación de importaciones de insumos… son pequeñas muestra de lo que se avecina: ajustes preventivos de las empresas que estiman que sus cuantiosas ganancias se verán afectadas por la crisis mundial. Frente a ese panorama, urge organizarse contra suspensiones y despidos.
Ante un escenario de posible conflictividad laboral y social, consideramos central unificar nuestros esfuerzos para enfrentar el tarifazo y los ajustes que ya se están implementando. A la par que defender las fuentes de trabajo, y pelear por aumentos salariales que superen los techos que Gobierno y las patronales intentan imponer a los trabajadores.
No descartamos que ante esta coyuntura se realicen medidas unificadas con varios sectores, pero creemos necesario fortalecer a la izquierda, y garantizar la independencia del gobierno, de patronales, de proyectos reformistas, pero también de burocracias sindicales que aunque hoy día puedan ser punta de lanza de luchas, representan negociados, mafias y la subordinación a intereses económicos de la organización independiente de la clase trabajadora.
NINGÚN TARIFAZO CONTRA LOS TRABAJADORES: ESTATIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS CON CONTROL DE USUARIOS Y TRABAJADORES.
DEFENSA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO: NO A LAS SUSPENSIONES, CESANTÍAS O CAÍDA DE CONTRATOS NI EN EL SECTOR PÚBLICO NI EN EL PRIVADO.
AUMENTO DEL SALARIO DE ACUERDO A LA CANASTA FAMILIAR, NO AL TECHO SALARIAL DEL 18%.
QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS EMPRESARIOS Y NO EL PUEBLO TRABAJADOR.
13-01-2012
AGRUPACIÓN HOMBRE NUEVO