Ante el fallo contrario al gobierno argentino en los
juicios por el pago a los fondos buitres, sale una vez más a la luz la
incapacidad de la clase dominante local y sus voceros de encabezar una lucha
contra el imperialismo y la necesidad de levantar las banderas del
antiimperialismo radical.
Los
hechos
El rechazo de la Corte Suprema de los Estados Unidos
al pedido del gobierno argentino de revisión del fallo de los tribunales
inferiores en la causa iniciada por los “fondos buitres” significa un revés en
la política de “normalización” de las relaciones el país con los mercados
externos que el gobierno viene impulsando con ímpetu desde fines del año
pasado. En la búsqueda de reinsertarse en los mercados financieros
internacionales y de recomponer vínculos con las fracciones más concentradas
del capital local, el gobierno kirchnerista viene acordando con multinacionales
y organismo multilaterales el “saneamiento” de su situación.
Hasta ahora, la buena disposición del gobierno,
aplaudida por empresarios y sus representantes políticos, venía dando “buenos
resultados”. Pero el reciente fallo pone en riesgo toda la “política de
desendeudamiento” al empujar a la Argentina al borde del “default técnico”. La
ratificación del fallo del juez Thomas Griesa de Nueva York implica que el
gobierno argentino debe abonar a los “fondos buitres” encabezados por NML
Capital (de Paul Singer) u$s1.330 millones. Esto es, el 100% del valor nominal
de los bonos de deuda soberana que compraron al 10 o el 20% de su valor cuando
se desató la crisis de 2001 y la Argentina declaró el default. La contratación
por parte de argentina de Paul Clement quien fuera procurador general del
gobierno de George W. Bush para elaborar la presentación ante el tribunal
supremo, buscando que el fallo fuera el rechazo o por lo menos la consulta al
gobierno de los Estados Unidos, no dio sus frutos.
En estas horas, una delegación encabezada por el
ministro de economía Axel Kicillof partió hacia la metrópoli. Según el
ministro, se buscará negociar con Griesa para llegar a un acuerdo de consenso
con los fondos privados. Los abogados del gobierno argentino buscan convencer
al juez Griesa de la necesidad de abrir una negociación esgrimiendo que en caso
de aplicación del fallo el país entraría en “default”. A fin de mes, el
gobierno se comprometió a pagar u$s 900 millones de dólares a los bonistas que
entraron en las reestructuraciones de deuda de 2005 y de 2010. En caso de
mantenerse la decisión de aplicar el fallo inmediatamente, los fondos que
Argentina debería depositar en bancos de Estados Unidos para efectivizar el
pago serían embargados para cumplir lo dispuesto por Griesa.
Pero aun cuando se diera este escenario, la
propuesta de pago del gobierno argentino debería ser superior a la ofrecida a
quienes aceptaron las reestructuraciones de 2005 y 2010. Si esto ocurre antes
de diciembre de este año, se aplicaría la cláusula RUFO (“Rights Upon Future
Offers”, en castellano, Derechos sobre Ofertas Futuras). Si la Argentina
finalmente paga a los fondos buitres incluidos en el presente juicio el 100% o
un porcentaje superior a la de los canjes anteriores, por un lado, se sentaría
precedente para el 7% restante de tenedores de la deuda “defaulteada” en 2001
que sigue en litigio y que, de aplicarse el mismo criterio, implicaría la
obligación de pagar u$s 15.000 millones (aproximadamente, la mitad de las
reservas actuales del Banco Central). Por otro lado, de concretarse el pago a
que obliga la decisión de Griesa ratificada por la Corte Suprema
norteamericana, se habilitaría a los bonistas que aceptaron las
reestructuraciones previas a exigir lo mismo. Por eso, los negociadores del
lado argentino buscan prolongar la decisión por lo menos hasta que dicha
cláusula caiga; al mismo tiempo que necesitan llegar a un acuerdo que permita
estirar los plazos de aplicación del fallo ya que de no hacerlo la Argentina
volvería a entrar en default.
Ante una negativa del juez de abrir una negociación
y/o de los fondos buitres, situación que constituye el escenario más probable,
los funcionarios argentinos evalúan reflotar la propuesta de cambiar la sede de
pago de Nueva York a Buenos Aires para evitar el embargo. No obstante, esto
significaría desacatar las decisiones de la justicia norteamericana.
Los
dichos
En discurso por cadena nacional el mismo día que se
conociera la decisión de la Corte Suprema de EEUU, Cristina Fernández de
Kirchner, realizó un recorrido por la historia de la deuda externa argentina
deteniéndose en los numerosos casos de fraude y corrupción que la atraviesa.
Sostuvo: “Todo
gobernante, todo país, todo dirigente en el ámbito de la política, de la
economía tiene que estar dispuesto a negociar; lo que no pude hacer, por lo
menos ningún presidente de una nación soberana, es someter a su país y a su
pueblo a una extorsión semejante.” En la conferencia de prensa que dio el 17 de
junio, Kicillof fue más osado y empleando la consigna con que los republicanos
españoles resistieron la ofensiva sobre Madrid en noviembre de 1936 afirmó “No
pasarán, no van a voltear las reestructuraciones de la deuda”. Agregó: “No
podemos estar de nuevo en una situación donde, por pagar la deuda, reine el
hambre”.
Desempolvando los
discursos sobre la soberanía, los máximos representantes del ejecutivo
denuncian ahora el origen de la deuda, la acción de los fondos buitres, las
decisiones de los tribunales norteamericanos. Se lamentan de que no se valore
la disposición de pago y la política de “pagadores seriales” que vienen
ejecutando de manera sistemática. Las encendidas invocaciones al patriotismo,
las denuncias de “extorsión” y las referencias a la sujeción o al hambre
del pueblo se combinan en el discurso oficial con la voluntad de pagar, de
llegar a un acuerdo, de “pagar los platos rotos de la fiesta neoliberal”.
En plena carrera hacia
el 2015, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri llamó a la unidad de las
fuerzas políticas: “Quienes aspiramos a la Presidencia de la Nación
deberíamos suscribir en las próximas horas un compromiso de continuidad de la
política que enunciara la Presidenta en el sentido de mantener la garantía
total de pago para los acreedores de buena fe y de mantener las decisiones que
se definan en el marco de las opciones que se abran con los deudores que no
ingresaron al canje. Todo con el fin de mantener en pie la economía nacional”.
Los representantes de
las centrales de trabajadores oficialistas se sumaron, como de costumbre, a
línea trazada por el gobierno. En una solicitada Antonio Caló apoyó el
"desendeudamiento" y rechazó el "sistema financiero
internacional que prioriza la especulación sobre la producción y el
trabajo". En sintonía, Hugo Yasky sostuvo "Acá no se trata de pagar o
no pagar sino de quebrar la hegemonía del capital especulativo en el mundo que
destroza los países".
Del lado de la
oposición derechista, las posiciones fueron incluso más vergonzosas. En una
entrevista radial en Radio 10 Macri, defendiendo la necesidad de llegar a un
acuerdo con los fondos buitres, sostuvo: “Siempre dijimos desde PRO que la
actitud clara y coherente es privilegiar el interés nacional por sobre
cualquier cuestión política. Ahora hay que agotar las instancias de diálogo y
negociación y llegar a una solución acordada que nos permita continuar con el
camino que inició el Gobierno, que es ir regularizando los temas pendientes”.
En sintonía con el PRO, Hermes Binner en una entrevista de CN23 despejó
cualquier duda que algún desprevenido pudiera tener sobre el contenido
socialista del referente: "Son fondos cuestionados, pero no podemos
resolver que no los vamos a pagar. Luego de la posición firme de Griesa,
nosotros debemos realizar otra propuesta de pago. Debemos responder a las
demandas, si Argentina no lo concreta, realmente no avanzaremos a integrarnos
al mundo." Haciendo gala de su discurso de oposición seria y responsable, Massa
presentó un proyecto de formación de una comisión bicameral para el seguimiento
de la deuda externa y, buscando acomodarse en el sillón presidencial, dijo en
Radio Mitre “Este fallo no es el castigo a un Gobierno, sino una sanción a la
Argentina. Este Gobierno se va en 500 días, pero la Argentina tiene que
resolver su situación con los mercados”.
En síntesis,
oficialismo y oposición de derecha coinciden en que “hay que resolver la
situación” pagando a los fondos buitres. Los sectores más definidamente
liberales proponen pagar sin chistar mientras el oficialismo seguramente
termine pagando pero intentando hacer valer algunas condiciones como por
ejemplo la fecha del acuerdo, además de los fuegos artificiales verbales
aludiendo a la soberanía. Nadie ha planteado investigar el origen de la deuda.
Nadie ha por lo menos sugerido negarse a pagar, ni siquiera como una cuestión
táctica para forzar a una negociación. Como siempre, la posición ante el
imperialismo por parte de la clase dominante local se reduce al modo, un poco
más o un poco menos abyecto, de subordinarse a los centros de poder.
Furgón
de cola o antiimperialismo
Los recientes hechos y dichos muestran, una vez más,
la incapacidad y la falta de cualquier atisbo de voluntad de sostener una
perspectiva antiimperialista por parte la burguesía argentina y sus expresiones
políticas. Poco hay para agregar a lo que los propios sectores de oposición de
derecha proclaman, en lenguaje menos chocante, no es otra cosa que la
relaciones carnales con el imperio de Di Tella, formulado académicamente por
Escudé como “realismo periférico”.
Por su parte, el gobierno toma frases de la
tradición antiimperialista para justificar el pago de una deuda ilegítima y
fraudulenta. La estrechez de esa perspectiva se traduce en gestos concretos
como la contratación de un cuadro de George W. Bush, en la defensa del “derecho
de pagar” y en presentar el pago de la deuda (eufemísticamente llamada
“política de desendeudamiento”) como una gran conquista del pueblo argentino a
lo largo de la década ganada. Contrasta el tono descolocado a la hora de hablar
de la extorsión de los fondos buitres, con la violencia con la que se pide que
las fuerzas de seguridad y los siempre listos burócratas sindicales pongan fin
a la “extorsión” de una medida de fuerza de obreros peleando nada menos que por
su fuente de trabajo y subsistencia. Frente a la Corte Suprema de los Estados
Unidos, frente a NML de Paul Singer, no hay proyectos de ley que busquen
combatir la “extorsión” como sí los hay cuando se trata de enfrentar la
supuesta “extorsión” de trabajadores que realizan un piquete para reclamar por
sus derechos. Coherente con la defensa del capitalismo “serio”, el problema es
el porcentaje de ganancia y no la ganancia en sí. No faltó el argumento de que
si nos empujan a la cesación de pagos, no vamos a poder pagar, retomando la
frase de Néstor Kirchner: “permítannos crecer
para poder pagar, porque los muertos no pagan”.
Durante los años de
crecimiento, con superávit comercial y fiscal y reservas récord, el pago “serial”
implicó la salida de decenas de miles de millones de dólares. Se dice que se
usaron reservas y no dinero recaudado a través del ajuste pero no queda duda de
que esos recursos no se emplearon en resolver los problemas estructurales de la
economía argentina y, menos aún, en mejorar las condiciones de vida, trabajo,
viviendo, transporte, salud y educación del pueblo. La “quita” a los llamados
acreedores de buena fe en los canjes de 2005 y 2010 resulta muy inferior al 50%
presentado por el gobierno e implica que renovación de deuda que prevé
vencimientos hasta más allá del 2030. Negando los costos sociales, las
burocracias convierten el pago de la deuda “en nombre de los trabajadores”; y
reflotan la diferencia entre capital especulativo y capital productivo, presentándolos
como dos grupos antagónicos y no como lo que son, dos formas necesarias e
intrínsecas al desarrollo de la acumulación de capital.
Resulta insultante que
los funcionarios estatales y los funcionarios que actúan desde el movimiento
obrero hablen de la necesidad de pagar cuando el deterioro de los salarios, de
los beneficios sociales, los despidos y las suspensiones ya son moneda
corriente. Desde Hombre Nuevo levantamos las banderas del antiimperialismo, del
único antiimperialismo consecuente que es el que podemos llevar adelante los
trabajadores y el conjunto del pueblo; del antiimperialismo profundo que forma
parte de la lucha por el socialismo. La posibilidad de llevar esa lucha contra
el imperialismo a fondo implica, necesariamente, combatir al capitalismo.
AGRUPACIÓN HOMBRE NUEVO
19 de junio de 2014
